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Justicia: una reforma bloqueada

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El 2024 será un año crucial en Bolivia y para el gobierno debido a varios factores políticos, económicos e institucionales. Entre ellos está la persistente crisis del sistema de administración de justicia. Tanto en las encuestas de opinión pública como en los estudios Delphi con liderazgos surge con fuerza este tema en el que nadie ve salidas y más bien se prevén conflictos.

No sólo hay escepticismo sobre la realización de las elecciones judiciales sino también acerca de la viabilidad de una reforma judicial. El resultado es mantener lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo: imposibilidad de brindar una justicia para todos.

Desde hace varios años, la opinión del grupo de académicos, periodistas, políticos y líderes de opinión que la FES entrevista mediante su estudio Delphi es pesimista sobre el desempeño de la justicia. En junio de 2020, el 73% tenía poca o ninguna confianza en el sistema judicial. En 3 años, en 2023, ese sentimiento ascendió prácticamente al 100%. Nadie confía en la administración de justicia.

Por otra parte, el 97% se declaran insatisfecho con el funcionamiento de la justicia y el 58% piensa que incluso eso empeorará el próximo año. Se acelera entonces la urgencia de un cambio y reformas en ese ámbito.

El eterno retorno: ¿habrá elecciones?

Sin embargo, la gran mayoría de líderes entrevistados son muy pesimistas sobre la posibilidad de que se realicen las elecciones de altas autoridades judiciales, primer paso para una reforma del sector: sólo el 15% preveía en septiembre de este año que se lograrían acuerdos políticos para convocar a las elecciones por dos tercios y luego elegir, también por dos tercios, a los postulantes que irían a la votación popular. La mayoría pensaba que no habría acuerdos y que se tendría que prorrogar a las actuales autoridades judiciales o nombrar autoridades interinas por decreto del Poder Ejecutivo, acciones que no tienen un respaldo constitucional claro y que pueden generar incertidumbre.

Aunque el 85% de los entrevistados hace un llamado a que haya acuerdos políticos para viabilizar esa elección y una reforma de la justicia, hay bastante pesimismo ya que no solamente hay divergencias entre los partidos, sino además 77% opina que los propios operadores del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional estarían actuando para preservar su poder incluso por encima del gobierno, de la Asamblea Legislativa y de los partidos.  Es decir, la reforma no estaría siendo impedida únicamente por desacuerdos entre los partidos, sino por la resistencia de operadores judiciales con intereses particulares.

Texto: Raquel Orozco,  Gráficos: Armando Ortuño

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